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Topicos y Opiniones
Por Isaías Medina-Ferreira   
Un regalo de los demócratas aterrorizados para Bush

Hace un par de fines de semana, el Congreso estadounidense debatió casi a la carrera el Acta de inteligencia y vigilancia foránea, conocida como FISA, por sus siglas en inglés, puesta en efecto en 1978. El propósito era poner al día los mandatos de dicha ley en concordancia con los avances tecnológicos de los pasados 30 años. En su lugar, en vez de remozarla, gracias a la connivencia de un Congreso complaciente y servil, hoy los ciudadanos de este país son menos libres, y todo legalmente, pues al final de la jornada la administración consiguió el derecho del gobierno a interceptar comunicaciones que incluya a alguien en los Estados Unidos, sin necesidad de autorización judicial y sin tener que dar cuenta ni al público ni al Congreso ni a las cortes.

Nada de esto es nuevo. Esta vez la gran diferencia es que los deseos de Bush han sido legalizados, pues desde el 2001, en nombre como siempre de la lucha contra el terrorismo, el espionaje doméstico e internacional y el abuso de poder han sido ocurrencias normales dentro de la administración Bush. Antes, sin embargo, por lo menos esas prácticas eran ilegales y existía la esperanza de que las cortes, como en efecto sucedió por lo menos en una ocasión, ampararan a los ciudadanos y ordenaran al gobierno a parar el abuso.

Hoy ni eso, pues bajo la nueva ley aprobada por el Congreso, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), la cual tiene a cargo las vigilancias electrónicas para el gobierno, no tiene que dar cuentas a nadie de sus actividades a nadie y en vez del programa ser monitoreado por las cortes, ha pasado a la jurisdicción del Procurador General, en este caso Alberto Gonzales, quien como sabemos se ha comportado a todas luces como un accesorio de la administración Bush para coartar las libertades civiles, aprovechando cada oportunidad para que se restrinjan los derechos humanos tanto de nacionales como de extranjeros.

Si bien los demócratas dieron inicialmente la batalla para que a FISA se le hicieran sólo los arreglos de lugar para ponerla al día con los avances tecnológicos, bastó que la administración gritara una vez más la palabra mágica ¡terrorismo!, y que el coro republicano comenzara a llamar a los demócratas “flojos en seguridad nacional” y “débiles contra el terrorismo”, para que varios senadores y congresistas demócratas empezaran a vacilar temerosos de que se les pegara el muerto si un acto terrorista se consumara en el país, y al fin capitularon.

Una vez más, aunque gastado e inefectivo para la población, el truco de la sugestión y el miedo surtió efecto entre las filas demócratas. Y todo orquestado por la administración de un presidente extremadamente impopular (considerado el peor que haya tenido el país en toda su historia), pero cuya confianza en sus estrategias atemorizantes es tan poderosa, que se atrevió a demandar la ley que quería, amenazando con obligar a los legisladores a posponer su receso de verano hasta que estos elaboraran una ley que “yo pueda firmar”. ¿No es ese el colmo de la altanería y la prepotencia? Los republicanos aplicaron a los demócratas la misma estrategia que han usado desde el 9/11, misma que el pueblo rechazó en noviembre 2006, cuando le arrebató la mayoría del Congreso y se lo entregó a los demócratas, lección que ninguno de los dos bandos, especialmente los demócratas, han asimilado. ¿Será por eso que los niveles de aceptación del desenvolvimiento del Congreso están por debajo del nivel de aceptación del presidente Bush? ¡Que es mucho decir!

Entendemos que el país está en guerra y que las agencias de inteligencia necesitan los medios que les permitan rastrear, identificar y capturar a posibles terroristas con rapidez, pero esa posibilidad ya existía en el Acta de 1978, pues el gobierno podía espiar comunicaciones e individuos sin autorización judicial y pedir ésta última retroactivamente, dentro de un período de 72 horas. Hay constancias de que pocas o ningunas de esas autorizaciones fueron negadas.

Aunque esta nueva versión de FISA sólo tiene vigencia por 6 meses y tiene como restricción que por lo menos uno de los interlocutores en las comunicaciones sea un extranjero, basado en el historial de alegados abusos de esta administración, se teme (y hasta se podría apostar) que FISA acabará usándose domésticamente contra la ciudadanía en general, por motivos políticos, para dar ventajas a los republicanos, como se utilizó a los Abogados Federales en 2006, lo que ocasionó el despido de quienes no obedecieron las órdenes, centro del gran escándalo en medio del cual está Alberto Gonzales. Sería otro golpe contundente más a un país que cada día semeja más y más a un país de los del llamado del Tercer Mundo.

Isaías Medina-Ferreira
http://www.maovalverde.com/contact/isaias-medina-ferreira.html


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